Por Rodolfo Yanzón
Comenzó en Rosario el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Nicolás. Los imputados son los oficiales del Ejército Manuel Fernando Saint Amant (jefe de área) y Antonio Federico Bossie, y Jorge Muñoz (jefe de la delegación de la Policía Federal). Serán juzgados por la desaparición de varias personas y por la masacre del 19 de noviembre de 1976, en la que cinco personas fueron asesinadas –entre ellas dos niños–, de la que sobrevivió Manuel Gonçalves Granada. Interviene el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), el mismo que dictó prisión perpetua contra el general Ramón Genaro Díaz Bessone (jefe del II Cuerpo de Ejército) y el policía José Lo Fiego, entre otros. En esa ocasión se juzgaron crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Jefatura de la Policía de Rosario. Mientras transcurre este nuevo juicio, vale la pena echar un vistazo a esa sentencia. El TOF realizó una reconstrucción histórica a partir del relato de las víctimas y consideró lo que cada una de ellas relató de manera personal, como la narración colectiva y organizada.
Los jueces entendieron que existió un plan sistemático de persecución ilegal en cabeza de las FF AA y una normativa que lo permitió dictada a partir de 1975. Aludieron a las normas, especialmente a los reglamentos militares dictados desde 1968 –y vigentes hasta 1995–, que preveían la persecución y eliminación de opositores políticos a través de torturas, homicidios y la imposición del terror sobre la sociedad civil.Dijo el TOF que se realizaron similares prácticas que en otros CCD que funcionaron en el país, y puso el acento sobre los abusos sexuales cometidos contra mujeres cautivas. El jefe del II Cuerpo, Díaz Bessone fue el ejecutor del plan de exterminio en la provincia de Santa Fe, mientras Lo Fiego, de la División Informaciones, secundó a Agustín Feced –fallecido en la impunidad– en la aplicación de tormentos a los secuestrados por la patota. Los sobrevivientes lo describieron como “especialmente cruel” que se divertía torturando. Los jueces desecharon el argumento de su defensa, que no desconoció los crímenes pero los justificó porque, dijo, los cometió para evitar un “mal grave e inminente”. De ese modo pretendió equiparar su situación a la de uno de los cautivos, Ricardo Chomicki, señalado por sobrevivientes como partícipe en operativos de la patota de Feced Chomicki fue secuestrado y padeció la tortura junto a su pareja durante 15 días. Llegó al juicio oral como imputado y las acusaciones –salvo una, que insistió en equipararlo a quienes formaron parte de la maquinaria de exterminio– desistieron de acusarlo. El TOF lo absolvió porque consideró que en los CCD existió un estado de sumisión y humillación sobre las víctimas bajo el control total y discrecional de sus secuestradores, y remarcó que el método de la Escuela Francesa adoptado por los militares argentinos comprendía el quiebre de la voluntad de los cautivos ejerciendo presión psicológica, como se preveía en los reglamentos secretos. “¿Cuál es la medida, límite o tope de dolor y de tormento que un ser humano está capacitado para soportar, sin que el instinto de supervivencia lo lleve a ceder a los más espurios deseos de quienes infringen dichos males?”, se preguntaron los jueces, que dejaron en claro la diferencia entre un torturado y un torturador.
Los jueces estuvieron a la altura de las circunstancias en el juicio oral contra Díaz Bessone. Ahora llegó el turno de Saint Amant y otros. Las condiciones para un nuevo paso hacia la Memoria, la Verdad y la Justicia están dadas.
Fuente: Infonews
